Democracia obligatoria

 Existen 26 países en el mundo donde votar es obligatorio.
 Las sanciones por no votar van desde multas económicas hasta los tribunales
 Muchos ciudadanos deben cumplir con esta obligación incluso estando fuera del país.

Si a los revolucionarios de la historia les hubieran dicho que el voto llegaría a ser una obligación promovida por el Estado, seguro que se habrían querido mudar de época. Sin embargo, muchos ciudadanos del mundo hoy día consideran que sus gobiernos han descubierto nuevas formas de implantarles deberes, esta vez, obligándoles a la democracia.

Un ciudadano de un país como Australia, Bélgica, Uruguay, Luxemburgo, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Grecia, Italia, Chipre, México o Turquía tiene el deber de votar. Frente a los 173 países donde votar es un derecho, existen 26 en los que es obligatorio a nivel nacional o regional. Votar puede ser un deber sobre el papel, un deber social o un deber sancionable, pero, en cualquier caso, un derecho que se ejerce con obligatoriedad. De ahí se explica que en los países que sancionan la falta a las urnas, el promedio de participación en es entre un 29 – 40 % mayor que en países con voto voluntario.

Emilie Remacle es belga y, como tal  debe ejercer el voto. Pero ¿y si está fuera del país? Pues también. “Si tienes la nacionalidad, tienes que votar aunque no vivas en Bélgica – cuenta Emilie -.  Tienes que ir a la embajada o dar una procuración a una persona que conozcas para que esta persona vote por ti”. En Bélgica, las personas que no voten pagarán una multa entre 30 y 150€, en función de su reincidencia. Si eso se pasa más de 4 veces en 15 años esta persona no podrá votar durante 10 años y tampoco recibir un ascenso de una autoridad pública. Además, en este país existen sanciones indirectas, por ejemplo, la dificultad añadida de aspirar a un cargo público si no se ejerce el derecho a votar.

Isabella de Moor, también belga, percibe la obligatoriedad del voto como algo positivo. Lo explica alegando que “te esfuerzas en meterte un poco en la vida de sociedad y si votas eres responsable del partido que elegiste y de lo que decide este partido para el país” y considera que las sanciones “o no se llevan a la práctica o no son muy estrictas”. Emilie argumenta su postura con la conquista del derecho al voto por el pueblo: “es importante que todas las personas voten porque algunas personas se han peleado para que nosotros podamos votar” y añade que de su sistema de voto mejoraría que hubiera “más informaciones sobre los diferentes partidos políticos durante todo el año y no solo algunas semanas antes de las elecciones”.

Emilie e Isabella ejemplifican los dos argumentos principales que se esgrimen a favor del voto obligatorio: que al participar un mayor número de ciudadanos, las decisiones de los gobiernos se legitiman más, puesto que representan a un mayor número de población; y que las votaciones obligatorias fomentan que los ciudadanos se informen y eduquen en la vida social y política del país, pues ya que tienen que votar, buscarán hacerlo de forma concienzuda y madura.

Existe una tercera aproximación a la votación obligatoria como elemento favorecedor de las democracias. Parte de esta base: los políticos se preocupan por quienes les votan. En la mayoría de países democráticos, los sectores sociales más bajos tienen un menor índice de participación
política, por razones de entorno, de falta de costumbre o de sensación de distanciamiento con sus líderes. Lo mismo que los jóvenes, pues entre ellos hay un mayor grado de pasotismo electoral. De este modo, si sólo algunos sectores de la sociedad eligen a sus representantes, éstos  fomentarán políticas favorables a esos sectores que les han votado. Por lo tanto, se alimenta la sensación de desligamiento de los jóvenes y las clases más pobres con sus representantes y se retroalimenta su situación de marginalidad política. Así pues, quienes apoyan el voto obligatorio lo hacen a expensas de que la política resulte inclusiva para todos los sectores de la población.

Ahora bien, el refuerzo negativo no es lo único que respalda el voto obligatorio. En Colombia le han dado la vuelta, creando incentivos al voto: preferencia en becas, subsidios, vivienda y en exámenes de ingreso a la universidad, rebaja en el tiempo de prestación del servicio militar, preferencia para conseguir empleo de carrera con el Estado, descuento del 10% en expedición de la Libreta Militar, pasaporte y duplicado de la Cédula de Ciudadanía (DNI), 10% de descuento en matrícula para instituciones oficiales de educación superior… Quizás el más llamativo sea el derecho a medio día de descanso compensatorio remunerado por voto emitido. ¿Votas? Pues descansas.

Desplazándonos por el mapa, encontramos un país donde los borrachos no pueden votar. En Bolivia impera la ley seca desde 48 horas antes de los comicios, a los que también es obligatorio acudir. Tanto, que la propaganda que aliente a la abstención queda prohibida. Eso en la teoría, porque en la práctica sólo es obligatorio votar si estás registrado en el censo de votantes; eso sí, el registro es voluntario. Erwin Jonathan Justiniano lleva 8 años fuera de su país, pero tiene el mismo derecho a votar que un residente allí, “siempre y cuando estés legalmente en el país extranjero, tendrás que dirigirte al consulado de Bolivia para votar”, aclara. Ahora bien, si te registras para votar y no lo haces, estás sujeto a una multa económica del 25% del salario mínimo nacional (51€). Erwin no conoce a nadie que haya sufrido las consecuencias de insurreccionarse al sistema electoral. Y es que la gran mayoría de bolivianos nunca han sido sancionados por no votar.

Como residente en el extranjero, este boliviano no apoya el voto obligatorio: “tiene demasiadas complicaciones y no estoy de acuerdo con la obligación de votar, debe ser un derecho que puedas tomar o no. Además estoy en contra, más que nada por la burocracia para inscribirse en el país nativo”.

Este es uno de los motivos en que se apoyan quienes cuestionan la obligatoriedad del voto, por pensar que no es coherente con las libertades propias de una democracia, pues consideran que obligar al voto implica coartarles en su derecho de abstenerse. Además, aseguran que la obligatoriedad de voto no necesariamente garantiza el voto responsable y puede favorecer el “voto al azar” de personas que se rebelan contra esta imposición depositando en las urnas un voto irreflexivo y fortuito.

No votar puede hacer que te las veas en los tribunales. Así lo estipula la ley electoral australiana. Este país concede muchas facilidades a la hora de votar, pero también tiene algunas de las sanciones más duras: faltar al voto injustificadamente es considerado un delito que puede tener que resolverse en los tribunales y multarse con hasta 170 dólares. Por suerte para los viajeros, encontrarse o residir fuera del país es un motivo legítimo para no votar. Pero, en caso de querer hacerlo, puede acudirse a la embajada, a un aeropuerto o al voto por correo. Si se escoge lo segundo, es necesario que un testigo válido de fe de esa votación, pero si interviene en ella o la manipula puede vérselas con una sanción de hasta 1000 dólares.

Las leyes de voto obligatorio no siempre se cumplen; a veces se quedan en declaraciones de intención de los gobiernos, que ni siquiera dan a sus ciudadanos la oportunidad de formarse una opinión al respecto. Aunque en Italia no se establecen medidas contra el abstencionismo, su Constitución define el voto como un “deber cívico”. Por el contrario, en la práctica no se da la ocasión de comprobarlo. Giuseppe Bertuglia, italiano en el extranjero, se queja: “¡En Italia no votamos desde el 2008! Y todos los gobiernos que se han sucedido desde el 2011 (cuando calló el gobierno Berlusconi) no han sido elegidos por el pueblo”. Obligatorio en la teoría, irrealizable en la práctica.

La mayoría de países europeos han establecido en algún momento de su historia la obligatoriedad de voto. España, sin ir más lejos, lo tuvo vigente entre 1907 y 1923. El debate, más allá de si es legítimo convertir un derecho en un deber, gira en torno a la legitimidad de un gobierno para aplicar la ley buscando obligar a sus ciudadanos a ejercer un derecho. Convertir un derecho en una obligación y sancionarlo como cualquier otro acto perseguible por la legalidad es lo que las distintas posturas se cuestionan, pues un deber creará rechazo, mientras que un derecho generará el interés de ser protegido y ejercido.

Se dice que la democracia es la mejor forma de gobierno, o al menos la menos mala. Los ciudadanos se benefician de ella, es a lo que aspiran las sociedades desiguales y lo que contenta a los pueblos modernos, es aquello por lo que lucharon nuestros antepasados y lo que empezó y terminó cientos de revueltas populares, muchas latentes todavía hoy. Y en muchos puntos del mapa es, además, una obligación